Declaración de Valladolid: Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales, de la crisis climática a la COVID19

La Declaración de Valladolid es una recopilación de compromisos que se aprobaron este  octubre de 2020 en el encuentro anual de la Red de Ciudades por la Agroecología a partir de las medidas propuestas en el informe ‘Sistemas Alimentarios Locales Frente a Riesgos Globales, de la COVID19 a la Crisis Climática’. Una batería de 14 acciones articuladas en torno a 5 objetivos prioritarios para adaptar los sistemas agroalimentarios locales a los impactos de las emergencias globales y mitigar sus causas. Una referencia operativa para las políticas públicas de los más de 20 consistorios que forman parte de la Red que parte de un análisis una serie de ejemplos de buenas prácticas que ya están  funcionando en varias localidades.

Tal y como plantea el informe, la perspectiva de sistemas alimentarios resulta central para entender y actuar frente a riesgos globales, como las pandemias y el cambio climático. Según los datos, las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario mundial, que incluye actividades de elaboración y procesado, envasado, transporte y distribución de alimentos, ascienden a entre el 21 y el 37% del total de las emisiones antropógenas netas y existe una clara vinculación entre la intensificación agrícola y ganadera y el mayor riesgo de aparición de pandemias como la COVID-19, ya que se estima que el 31% de los brotes de enfermedades emergentes (incluido el VIH, Ébola y Zika entre otras) están relacionados con la invasión humana y la deforestación, donde el 75% y el 80% de ésta está asociada a la expansión agrícola, tanto para obtener pastos como para la producción de piensos.

Además, las emergencias globales tienen un gran impacto sobre la seguridad alimentaria de la población al verse afectadas la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos, especialmente en las ciudades debido a su elevada densidad. El documento destaca entre los efectos de la pandemia modificaciones severas en la producción de alimentos, dificultades en el desarrollo del trabajo del sector primario, bloqueo de la venta directa de alimentos, empeoramiento de los hábitos de consumo de la población o la limitación del acceso a alimentos a las personas más vulnerables. Tal y como se está reflejando en la multiplicación de demanda alimentaria desde mayo de este año 2020.

Por ello las entidades que componen la Red concuerdan en la necesidad  de que se desarrollen estrategias integrales y coordinadas que por una parte reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y por otra nos protejan tanto de las zoonosis como de los efectos del cambio climático, limitando así la fragilidad de la economía y la sociedad, avanzando en la autosuficiencia en lo relativo a productos y servicios de carácter básico y desarrollando protocolos para la adaptación a eventos extremos climáticos y sanitarios, inevitables a corto y medio plazo.

 

1. Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes: promover formas sostenibles en la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, en línea con la agroecología y desde la articulación y cooperación entre territorios urbanos y rurales.

2. Planificación territorial: proteger los suelos agrarios y otros recursos alimentarios (agua, conocimientos agroecológicos, biodiversidad cultivada) como parte de las redes de infraestructura azul y verde; e incorporar en el planeamiento general urbano instrumentos para la protección y el fomento de la producción, transformación y distribución agroalimentarias locales y sostenibles.

3. Derecho a la alimentación: asegurar el acceso a alimentos sostenibles, saludables, de calidad y justos a todos los grupos sociales, y especialmente a los más vulnerables, en sintonía con las directrices voluntarias promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2005).

4. Activación comunitaria: fortalecer el papel de los agentes sociales y tejido asociativo local que trabajan aportando soluciones y mejoras a la gestión de las crisis alimentarias, estableciendo sinergias basadas en la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia.

5. Buena gobernanza: promover la coherencia entre las distintas políticas públicas para la gestión de los riesgos globales, evitando arbitrar soluciones que, a la larga, refuercen las causas de las crisis.