Declaración de Glasgow alimentación y clima

Declaración de Glasgow sobre la alimentación y el clima

La Declaración de Glasgow es una iniciativa en la que trabaja Red junto a otros agentes internacionales como  IPES-Food,  Nourish ScotlandICLEIRikolto, el Programa de Alimentación Urbana de la FAOMUFPPSustainable Food  Places Under2Coalition para conseguir introducir en la próxima COP26 el desarrollo de políticas alimentarias integradas como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, comprometiendo a las autoridades locales a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas alimentarios urbanos y regionales de acuerdo con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pidiendo a los gobiernos nacionales y a las instituciones internacionales que actúen inmediatamente. 

 

La Declaración de Glasgow Sobre la Alimentación y el Clima

Esta Declaración reúne a autoridades locales de todo tipo y tamaño – desde ciudades pequeñas y medianas hasta megaciudades, distritos y regiones, estados federales y provincias – para que hablen con una sola voz y renueven sus compromisos de desarrollar políticas de alimentación sostenible, promover mecanismos de acción conjunta y pedir a los gobiernos nacionales que sitúen la alimentación y la agricultura en el centro de la respuesta global a la emergencia climática.

  1. Con preocupación por el hecho de que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestros sistemas alimentarios, las vulnerabilidades de gran parte de la población urbana y rural y la necesidad crítica de preparación y resiliencia ante los impactos;

  2. Reconociendo que los sistemas alimentarios representan actualmente entre el 21 y el 37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y están en el centro de muchos de los principales desafíos del mundo, como la pérdida de la biodiversidad, el hambre y la malnutrición permanentes y una creciente crisis de salud pública.

  3. Reconociendo que las dinámicas insostenibles están a lo largo de toda la cadena alimentaria y que proceden principalmente de los sistemas agrícolas y alimentarios industriales;

  4. Reconociendo que las desigualdades extremas se extienden a lo largo de todo el sistema alimentario y afectan de manera desproporcionada a las comunidades, entre ellas a personas que viven en situación de pobreza, personas que sufren racismo, personas desplazadas debido al cambio climático o conflictos, personas con una situación legal precaria, y muchas otras. Muchos de estos mismos grupos, además, sufren la explotación laboral a nivel global;

  5. Con convencimiento, por lo tanto, de que solo un enfoque de sistemas alimentarios que aborde todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede identificar puntos de intervención eficaces para acelerar la acción climática mientras aporta muchos beneficios colaterales, como la promoción de la diversidad biológica, la regeneración y la resiliencia de los ecosistemas, la circularidad, la equidad, el acceso a dietas saludables y sostenibles para todas las personas y la creación de medios de vida resilientes para los trabajadores y trabajadoras del sector agrario y alimentario;

  6. Reconociendo la necesidad de involucrar a todos los actores clave del sistema alimentario en la toma de decisiones para una transición sostenible y justa, incluyendo a trabajadores y trabajadoras del sector agrario y alimentario, grupos de la sociedad civil, investigadores e investigadoras, comunidades indígenas, mujeres y, especialmente, a la juventud, cuyo futuro está más amenazado por los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad;

  7. Recordando que las ciudades y regiones están tomando la iniciativa en las políticas y estrategias alimentarias integradas a nivel local para reducir su huella ambiental, impulsar un cambio positivo en el sistema alimentario y garantizar una mayor resiliencia ante los impactos;

  8. Tomando como base los compromisos en materia de políticas urbanas y regionales en alimentación sostenible ya asumidos por las ciudades y los gobiernos locales y regionales en las dos últimas décadas, en particular el Foro Urbano Mundial de Medellín de 2014, el Pacto de política alimentaria urbana de Milán de 2015, la Declaración de Seúl de 2015, la Nueva Agenda Urbana de 2016 y la Declaración de Ciudades por la Buena Alimentación de C40 de2019;

  9. Reconociendo que las acciones deben alinearse horizontalmente (a través de las diferentes áreas de políticas) y verticalmente (entre los distintos niveles de gobierno) para acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles;

  10. Destacando que se requiere una gobernanza intersectorial, multinivel y multiactor de los sistemas alimentarios con la finalidad de arraigar un sistema alimentario sostenible y justo, y que esto necesita que los gobiernos nacionales tomen un rol dinámico y activo;

  11. Reconociendo que las ciudades y regiones se están convirtiendo en una coalición de grandes ambiciones para el desarrollo de un sistema alimentario sostenible, y que el movimiento global de alianzas de ciudades y regiones en torno a la alimentación crece rápidamente y constituye un mecanismo especialmente poderoso para llevar a cabo esas reformas.

  12. Admitiendo que, sin las reformas normativas y legislativas correspondientes a nivel nacional, el impacto de estas alianzas y políticas será limitado;

  13. Nosotros y nosotras, las personas abajo firmantes, líderes electos de gobiernos subnacionales, en previsión de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, nos comprometemos a acelerar la acción climática construyendo y facilitando la transformación de los sistemas alimentarios sostenibles, mediante:

  14. El desarrollo e implementación de políticas y estrategias alimentarias integradas como herramientas fundamentales en la lucha contra el cambio climático; asegurando que estos instrumentos adopten un enfoque de sistemas alimentarios que incorpore a los actores de todas los eslabones de la cadena alimentaria, incluyan parámetros para evaluar los objetivos de reducción de las emisiones de GEI de los sistemas alimentarios, así como oportunidades de cooperación e intercambio de las mejores prácticas entre los gobiernos subnacionales.

  15. La reducción de emisiones de GEI de los sistemas alimentarios urbanos y regionales de conformidad con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la construcción de sistemas alimentarios sostenibles capaces de reconstruir los ecosistemas y proporcionar dietas seguras, saludables, accesibles, asequibles y sostenibles para todos y todas.

  16. La petición a los gobiernos nacionales de que establezcan marcos políticos de apoyo favorables y mecanismos de gobernanza multinivel y multiactor que permitan la adopción coordinada de decisiones sobre los sistemas alimentarios. Estos mecanismos apoyarán la elaboración de políticas alimentarias nacionales inclusivas, que se incorporarán en las revisiones de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

 

Declaración de Valladolid: Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales, de la crisis climática a la COVID19

La Declaración de Valladolid es una recopilación de compromisos que se aprobaron este  octubre de 2020 en el encuentro anual de la Red de Ciudades por la Agroecología a partir de las medidas propuestas en el informe ‘Sistemas Alimentarios Locales Frente a Riesgos Globales, de la COVID19 a la Crisis Climática’. Una batería de 14 acciones articuladas en torno a 5 objetivos prioritarios para adaptar los sistemas agroalimentarios locales a los impactos de las emergencias globales y mitigar sus causas. Una referencia operativa para las políticas públicas de los más de 20 consistorios que forman parte de la Red que parte de un análisis una serie de ejemplos de buenas prácticas que ya están  funcionando en varias localidade.

Tal y como plantea el informe, la perspectiva de sistemas alimentarios resulta central para entender y actuar frente a riesgos globales, como las pandemias y el cambio climático. Según los datos, las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario mundial, que incluye actividades de elaboración y procesado, envasado, transporte y distribución de alimentos, ascienden a entre el 21 y el 37% del total de las emisiones antropógenas netas y existe una clara vinculación entre la intensificación agrícola y ganadera y el mayor riesgo de aparición de pandemias como la COVID-19, ya que se estima que el 31% de los brotes de enfermedades emergentes (incluido el VIH, Ébola y Zika entre otras) están relacionados con la invasión humana y la deforestación, donde el 75% y el 80% de ésta está asociada a la expansión agrícola, tanto para obtener pastos como para la producción de piensos.

Además, las emergencias globales tienen un gran impacto sobre la seguridad alimentaria de la población al verse afectadas la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos, especialmente en las ciudades debido a su elevada densidad. El documento destaca entre los efectos de la pandemia modificaciones severas en la producción de alimentos, dificultades en el desarrollo del trabajo del sector primario, bloqueo de la venta directa de alimentos, empeoramiento de los hábitos de consumo de la población o la limitación del acceso a alimentos a las personas más vulnerables. Tal y como se está reflejando en la multiplicación de demanda alimentaria desde mayo de este año 2020.

Por ello las entidades que componen la Red concuerdan en la necesidad  de que se desarrollen estrategias integrales y coordinadas que por una parte reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y por otra nos protejan tanto de las zoonosis como de los efectos del cambio climático, limitando así la fragilidad de la economía y la sociedad, avanzando en la autosuficiencia en lo relativo a productos y servicios de carácter básico y desarrollando protocolos para la adaptación a eventos extremos climáticos y sanitarios, inevitables a corto y medio plazo.

 

Acciones comprometidas en la declaración de Valladolid

1. Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes: promover formas sostenibles en la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, en línea con la agroecología y desde la articulación y cooperación entre territorios urbanos y rurales.

2. Planificación territorial: proteger los suelos agrarios y otros recursos alimentarios (agua, conocimientos agroecológicos, biodiversidad cultivada) como parte de las redes de infraestructura azul y verde; e incorporar en el planeamiento general urbano instrumentos para la protección y el fomento de la producción, transformación y distribución agroalimentarias locales y sostenibles.

3. Derecho a la alimentación: asegurar el acceso a alimentos sostenibles, saludables, de calidad y justos a todos los grupos sociales, y especialmente a los más vulnerables, en sintonía con las directrices voluntarias promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2005).

4. Activación comunitaria: fortalecer el papel de los agentes sociales y tejido asociativo local que trabajan aportando soluciones y mejoras a la gestión de las crisis alimentarias, estableciendo sinergias basadas en la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia.

5. Buena gobernanza: promover la coherencia entre las distintas políticas públicas para la gestión de los riesgos globales, evitando arbitrar soluciones que, a la larga, refuercen las causas de las crisis.

Entidades firmantes